¿Cómo implantar el canal de denuncias en Las Palmas de Gran Canaria? La consultora Normapymes realiza el diagnóstico, la implantación y toda la preparación documental en 2 semanas (14 días), con un consultor asignado en exclusiva que se desplaza a sus instalaciones de Las Palmas de Gran Canaria y garantía del proceso 100% por contrato.
En la provincia de Las Palmas hay 573 empresas con 50 o más asalariados según el INE. Todas están obligadas a tener un sistema interno de información, y la ley permite a muchas de ellas compartirlo.
Cuántas empresas están obligadas en la provincia de Las Palmas
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, obliga a disponer de un sistema interno de información. En el sector privado, el umbral general son las entidades con 50 o más trabajadores.
El tamaño de ese universo en las islas se puede medir con dato oficial. Según la explotación estadística del Directorio Central de Empresas del INE, a 1 de enero de 2025 la provincia de Las Palmas contaba con 573 empresas de 50 o más asalariados, frente a 438 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, lo que sitúa el total de Canarias en 1.011. Es un tejido en el que predominan la hostelería, el comercio, el transporte y la construcción, sectores con plantillas grandes y con mucha subcontratación.
Ese perfil importa porque la ley no solo pide tener un canal: pide que funcione, con un responsable del sistema designado, plazos de respuesta, registro de informaciones y garantías de confidencialidad y de indemnidad frente a represalias. Un buzón de correo genérico no cumple ninguno de esos requisitos, y es la solución que más veces nos encontramos al hacer el diagnóstico.
Sectores clave en Las Palmas de Gran Canaria
Cadenas hoteleras y hostelería
Plantillas grandes, estacionalidad y subcontratación de servicios. Es el sector que más claramente supera el umbral de 50 trabajadores en la provincia.
Transporte, logística y portuario
Actividad con múltiples empresas concurrentes y contratación pública frecuente, donde la integridad en la contratación es un riesgo real y no teórico.
Construcción y servicios
Contratas y subcontratas encadenadas y relación habitual con la Administración insular y municipal.
Sector público y entidades vinculadas
El Gobierno de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos, además de sus organismos y empresas públicas, están obligados con independencia de su tamaño.
Compartir el sistema: la vía que la ley abre y casi nadie usa
La Ley 2/2023 contempla expresamente el uso compartido del sistema. En el sector privado, su artículo 12 permite que las entidades de entre 50 y 249 trabajadores compartan entre sí el sistema interno de información y los recursos destinados a su gestión, manteniendo las garantías de la ley. En el sector público, el artículo 14 permite a los municipios de menos de 10.000 habitantes compartirlo entre sí o con otras administraciones públicas de su misma comunidad autónoma, y a las entidades públicas de menos de 50 empleados compartirlo con la Administración de la que dependen.
En Canarias esa previsión es especialmente útil: buena parte de los 88 municipios del archipiélago está por debajo de ese umbral de población, y el tejido empresarial insular está lleno de grupos con varias sociedades que rondan los 50 trabajadores cada una. Bien planteado, un único sistema compartido con independencia y diferenciación entre entidades resuelve el cumplimiento de varias organizaciones a la vez.
En el sector público canario existen además referencias propias. El Decreto 91/2024 creó y reguló el sistema interno de información de infracciones normativas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el Decreto 1/2025 estableció la estructura antifraude para la gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El canal externo de referencia es la Autoridad Independiente de Protección del Informante, en funcionamiento desde el 1 de septiembre de 2025 conforme a la Orden PJC/908/2025: no consta que Canarias haya designado una autoridad autonómica propia equivalente.
¿Cómo trabajamos en Las Palmas de Gran Canaria?
Trabajamos con una red de profesionales en toda España, y en Las Palmas de Gran Canaria operamos igual que en el resto del país: con un consultor asignado que te acompaña de principio a fin y responde de tu proyecto. Ese consultor se desplaza a tus instalaciones en Las Palmas de Gran Canaria para realizar la auditoría interna previa, que es la fase que decide el resultado. Es donde detectamos y corregimos las desviaciones antes de que intervenga la entidad certificadora acreditada, y es la razón por la que mantenemos un 0 % de auditorías invalidadas. La implantación completa se realiza en 2 semanas, frente a los meses que suele tardar el sector. Y va respaldada por garantía por contrato: si el resultado no se obtiene por causa imputable a nuestro trabajo, se devuelve el 100 % del importe.
Auditoría Presencial
Un consultor se desplaza a sus instalaciones para la auditoría interna previa.
Plazo de 2 semanas
Implantación rápida en 14 días para resolver el cumplimiento cuanto antes.
Garantía por Contrato
Aseguramos el éxito del proyecto y la superación de la auditoría.
Sobre Canal de Denuncias
Esta página trata la aplicación de canal de denuncias en Las Palmas de Gran Canaria. Si lo que busca es el detalle de la norma en sí, los requisitos, las fases del proyecto y el precio, todo eso está desarrollado en la guía nacional: consultoría canal de denuncias.
Preguntas frecuentes en Las Palmas de Gran Canaria
Tenemos 60 trabajadores en Gran Canaria. ¿Estamos obligados?
Sí. El umbral general del sector privado en la Ley 2/2023 son 50 o más trabajadores, y se computa la plantilla de la entidad. Según el INE, a 1 de enero de 2025 había 573 empresas en esa situación en la provincia de Las Palmas. Además de implantar el canal, hay que designar responsable del sistema, aprobar el procedimiento de gestión y cumplir los plazos de respuesta.
Somos un grupo con tres sociedades de unos 50 trabajadores cada una. ¿Un canal o tres?
El artículo 12 de la ley permite que las entidades de entre 50 y 249 trabajadores compartan el sistema interno de información y los medios de gestión, siempre que se mantengan las garantías legales. Es la opción más eficiente en la mayoría de los grupos empresariales canarios, y se plantea desde el diseño para que después resista una revisión.
¿Puede un ayuntamiento pequeño de la isla compartir el canal?
Sí. El artículo 14 permite a los municipios de menos de 10.000 habitantes compartir el sistema interno de información entre sí o con otras administraciones públicas ubicadas en el territorio de su comunidad autónoma, manteniendo independencia y diferenciación entre los sistemas. En Canarias, con 88 municipios, muchos encajan en ese supuesto.
¿A qué autoridad externa se puede acudir desde Canarias?
A la Autoridad Independiente de Protección del Informante, de ámbito estatal, que entró en funcionamiento el 1 de septiembre de 2025. Algunas comunidades autónomas han creado autoridades propias; no consta que Canarias haya designado una. Un canal interno bien gestionado es, además, la mejor forma de que la información no salga directamente hacia el canal externo.
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